Las universidades de investigación de Estados Unidos enfrentaban graves desafíos mucho antes de los recortes de la administración Trump a la financiación de la investigación, según Robert Brown, presidente emérito de la Universidad de Boston y autor de “Fighting Fires and Building Flywheels: How We Sustain America’s Research Universities”. En una entrevista con Inside Higher Ed, Brown sostuvo que el sector necesita una concentración institucional más definida y una relación más predecible con el Gobierno federal.

Brown pasó 25 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts antes de incorporarse a la Universidad de Boston, donde fue presidente de 2005 a 2023. Durante su mandato, la BU fue admitida en la Asociación de Universidades Estadounidenses en 2012. Su libro combina historia institucional, memorias y un análisis de cómo funcionan las universidades de investigación y cómo responden a las crisis.

Al reflexionar sobre su etapa en la BU, Brown describió a las principales universidades de investigación como instituciones globales y, al mismo tiempo, como partes esenciales de sus comunidades locales. Dijo que las universidades deben seguir rindiendo cuentas a las regiones en las que operan, incluso mientras atraen a estudiantes e investigadores de todo el mundo.

Brown afirmó que las universidades de investigación estaban sometidas a una presión creciente al menos desde las consecuencias de la crisis financiera de 2008. El gasto federal en investigación no había crecido al ritmo de la inflación ni del número cada vez mayor de instituciones que buscaban obtener la categoría de universidad de investigación, mientras las universidades asumían una parte más grande de los costos de la investigación. Citó datos de 2022 que muestran que las universidades R-1 gastaron 45 centavos de sus propios fondos por cada dólar federal que recibieron para investigación.

Al mismo tiempo, se intensificaron las preocupaciones públicas sobre el costo y el valor de la educación superior. Brown dijo que las universidades no habían explicado claramente la importancia de su papel cada vez mayor en la investigación básica, especialmente a medida que disminuían los laboratorios corporativos. Sostuvo que simplemente prometer una comunicación más eficaz no resolvería los problemas de financiación subyacentes.

El sector también enfrenta presiones demográficas, incluida la disminución de las matrículas en algunas universidades importantes y los consiguientes recortes presupuestarios. Brown dijo que estas dificultades se vieron agravadas por las restricciones de la administración Trump a la financiación de la investigación y por su presión sobre las universidades privadas de investigación, especialmente en el noreste. También señaló las propuestas para limitar la participación de estudiantes internacionales como una fuente adicional de tensión.

Brown afirmó que el apoyo federal a la investigación ya se había vuelto menos bipartidista antes de la administración actual. Aunque los legisladores seguían expresando su apoyo a la investigación científica, los presupuestos federales no proporcionaban el aumento de inversión que necesitaban las universidades. Citó la Ley CHIPS como ejemplo de una legislación que recibió un amplio apoyo, pero que, según su relato, no estuvo acompañada de asignaciones suficientes para alcanzar sus objetivos.

En lugar de intentar determinar cuántas universidades de investigación debería tener Estados Unidos, Brown dijo que las instituciones deberían decidir en qué áreas pueden ser competitivas a escala nacional. La mayoría de las universidades, argumentó, no puede permitirse destacar en todas las disciplinas, pero muchas siguen intentando mantener aspiraciones integrales. Concentrar los recursos en campos seleccionados podría ayudar a las instituciones a controlar los costos y fortalecer sus misiones académicas.

Brown identificó dos requisitos centrales para el futuro. Las universidades deben aprender a operar con menos recursos y, al mismo tiempo, reconsiderar el equilibrio entre la enseñanza y la investigación. Paralelamente, el país debe establecer un nuevo acuerdo entre el Gobierno federal y las universidades que proporcione mayor previsibilidad a la financiación de la investigación.

Advirtió que volver a las condiciones anteriores a la administración Trump no resolvería los problemas del sector, porque las universidades ya eran financieramente vulnerables. Brown también expresó preocupación por la reducción de la duración de los mandatos de los presidentes universitarios y argumentó que la reforma institucional requiere un liderazgo sostenido, no una gestión de crisis a corto plazo.

En su opinión, la financiación empresarial y filantrópica no puede sustituir al apoyo federal. La financiación de la investigación corporativa representa aproximadamente el 4,5 por ciento de la financiación total de las universidades de investigación estadounidenses, frente al 55 por ciento procedente del Gobierno federal, afirmó. La financiación privada también se concentra en determinados investigadores y campos, en lugar de distribuirse ampliamente entre las instituciones.

Brown cuestionó además si las estructuras universitarias actuales son adecuadas para las áreas emergentes del conocimiento. Los departamentos siguen organizados en torno a disciplinas, aunque muchos problemas importantes atraviesan esas fronteras, mientras que la creación de nuevos campos puede hacer que las universidades estén cada vez más fragmentadas. También dijo que la lenta rotación asociada a la titularidad académica podría complicar la adopción de nuevos métodos de enseñanza a medida que la inteligencia artificial cambia la manera en que las personas acceden al conocimiento y lo utilizan.

Fuentes: Inside Higher Ed.