El Gobierno del Reino Unido está considerando gastar hasta 450 millones de libras al año para permitir que los estudiantes de la Unión Europea paguen las mismas tasas universitarias que los estudiantes británicos, según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por The Guardian. El plan exigiría que el Gobierno compensara a las universidades por los ingresos perdidos debido a la reducción de las tasas.

Los negociadores británicos están vinculando la propuesta al acceso de las empresas del Reino Unido al programa industrial Made in Europe previsto por la UE. Se espera que el programa reserve determinados beneficios a los países del bloque, mientras que el Reino Unido busca garantías de que las empresas británicas recibirían un trato equivalente.

Los funcionarios de la UE quieren que los estudiantes de los Estados miembros paguen algo más de 9.000 libras al año, en lugar de las tasas internacionales, que pueden superar las 60.000 libras. La cuestión provocó que las negociaciones se estancaran a principios de este año. Funcionarios del Tesoro han preparado estimaciones basadas en distintas reducciones de tasas y niveles de demanda de plazas universitarias británicas.

Dos fuentes que han visto los cálculos dijeron que el escenario más costoso, que implicaría tasas del nivel nacional y una demanda muy elevada, podría costar 450 millones de libras anuales. Otra fuente afirmó que el coste final probablemente sería menor, mientras que un funcionario del Gobierno describió la cifra como especulativa. Mark Corver, analista de financiación universitaria de Campus Numerics, calculó anteriormente que la política podría costar a las universidades 140 millones de libras en su primer año y 400 millones de libras a lo largo de un curso típico de tres años.

Las conversaciones forman parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer las relaciones entre el Reino Unido y la UE antes de una cumbre prevista para el 20 de noviembre. Según se informa, los acuerdos están cerca en áreas como el comercio de derechos de emisión, los productos agrícolas y un programa de movilidad juvenil que podría permitir que hasta 80.000 jóvenes europeos vivan, trabajen y estudien en Gran Bretaña.

Las dos partes también están debatiendo el acceso británico a las bases de datos europeas biométricas y de seguridad. El Reino Unido busca acceso a Eurodac, que contiene las huellas dactilares de los solicitantes de asilo, y al Sistema de Información de Schengen II, que registra información sobre fugitivos, personas desaparecidas y bienes robados. Diplomáticos de la UE han advertido de que el intercambio de algunos datos con un país no miembro podría encontrar oposición entre los Estados miembros.

El acceso al programa Made in Europe y la cuestión de las tasas universitarias siguen estando entre los principales asuntos sin resolver. Según se informa, Francia ha suavizado su oposición a la participación británica y ha propuesto que los fabricantes del Reino Unido puedan ser incluidos si Gran Bretaña alinea dinámicamente sus medidas comerciales con las de la UE. Esa condición podría resultar difícil para el Reino Unido porque sus aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos son más bajos que los aplicados por la UE.

Un portavoz del Gobierno afirmó que los ministros estaban construyendo una relación ambiciosa con la UE que fortalecería la economía, protegería la industria británica y crearía más oportunidades para los jóvenes de todo el Reino Unido. La exministra de Hacienda Rachel Reeves también ha sostenido que los intereses económicos de Gran Bretaña, sus valores compartidos y su geografía apuntan hacia Europa, aunque ha dicho que el Gobierno debe demostrar los beneficios prácticos de unos vínculos más estrechos.

Fuentes: The Guardian Education.