La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) afronta una tormenta perfecta. Cuando José Manuel Almudí asumió el decanato en enero de 2025, advirtió de un «austericidio» que afectaba a la educación universitaria pública, materializado en un recorte del 35% en los gastos de la facultad desde julio de 2024. Casi dos años después, la reducción sigue vigente, y la UCM depende de un préstamo de 34,5 millones de euros más 4,4 millones de euros en intereses que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso concedió al Rectorado a finales de 2025. La facultad es históricamente la más grande de España, con más de 6.500 estudiantes y 250 profesores.
La facultad también afronta las consecuencias de un incendio ocurrido el 7 de julio, cuatro días después de una inspección técnica de edificios (ITE) que el inmueble no superó. El incendio se originó en la sala de instalaciones de la azotea y produjo una gran columna de humo, pero se extinguió rápidamente y en ese momento no se informó de heridos ni de daños graves. Casi cuatro meses después, sin embargo, el acceso a 245 despachos de profesores sigue precintado —35 en cada una de las siete plantas del edificio— y solo se permite la entrada con permiso para retirar materiales. El decano envió el lunes una carta a la comunidad universitaria en la que describía una «situación delicada». Se han identificado deficiencias en la detección y extinción de incendios, y las obras incluyen ahora la sustitución de las torres de refrigeración de la azotea y la reparación de la «columna seca», una instalación fija que permite a los bomberos bombear agua a presión a las plantas superiores. La licitación, adjudicación y ejecución de las obras se extenderán hasta el próximo curso académico. El decanato habilitará espacios para tutorías, pruebas evaluables y revisiones de exámenes. La sala de lectura de los estudiantes se ha convertido en espacio de trabajo; hace frío y solo hay ocho taquillas para 250 profesores.
El Archivo General de la UCM también ha cerrado, bloqueado por un gran tablón de anuncios. Guarda documentos valiosos, incluidos registros que atestiguan el paso de Salvador Dalí por sus aulas. El archivo funciona con una plantilla mínima, lo que dificulta la digitalización y la promoción de sus fondos. Mientras tanto, un cartel en el escaparate de un espacio de la facultad con estanterías vacías anunciaba que la librería cerraría a finales de septiembre. El cierre fue acordado entre el Rectorado y el Decanato y supondrá el despido de tres trabajadores y la desaparición de la editorial de la facultad, según el cartel. El sello publicaba pocos títulos por falta de dinero, lo que a su vez perjudicaba las ventas de la librería.
En marzo, tras renegociar el préstamo, el rector Joaquín Goyache dijo al Consejo de Gobierno que la UCM necesitaría 700 millones de euros —más que todo su presupuesto anual— para «poner los edificios en orden, no para hacerlos bonitos», porque algunos no se habían tocado desde 1945. La UCM tiene un millón de metros cuadrados de superficie construida. En 2024, el Gobierno de Ayuso pretendía inicialmente invertir solo 7,6 millones de euros en infraestructuras en los seis campus, 12 veces menos que en 2007, aunque la asignación final aumentó un 4,2% tras las quejas de los rectores. Goyache reconoció una «falta brutal de inversión», pero vio «buena voluntad» en la Consejería de Educación regional. Señaló que la cifra de 700 millones de euros era mayor que el presupuesto de infraestructuras para los seis campus hasta 2031.
Los trabajadores y estudiantes de la Facultad de Derecho —una facultad menos movilizada que otras— están convocados a una huelga de dos días el miércoles y el jueves de esta semana. Los sindicatos convocantes afirman que es contra la infrafinanciación de las universidades públicas, que, sostienen, fomenta la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. La convocatoria se extiende a los seis campus financiados por el Gobierno de Ayuso. Tras la primera huelga, los días 26 y 27 de noviembre de 2025, la presidenta regional obligó a la Consejería de Educación regional a negociar con los rectores, y la financiación estructural básica, que cubre salarios y gastos de funcionamiento, debe crecer un 23,4% en la UCM durante los próximos seis años. La UCM y la Universidad Rey Juan Carlos tienen presupuestados fondos de convergencia de 20 millones de euros cada una este año para corregir desequilibrios y facilitar la adaptación al nuevo modelo. Pero no hay indicios de mejora más allá de que ahora hay dinero para pagar los salarios. El Rectorado cree que la UCM empezará a respirar en 2028, cuando afirma que alcanzará el equilibrio presupuestario. Tras el aumento, la Comunidad de Madrid destina a las universidades el 0,4% del PIB, frente al 0,7% nacional; el Gobierno central intenta convencer a los gobiernos regionales de que alcancen el 1% en 2030 para acercarse a las cifras europeas.
Fuentes: El País Educación.